LAS REDES DE ASESINOS DE COLOMBIA
La asociación militar-paramilitares y Estados Unidos


(Human Right Watch, noviembre de 1996)

LA HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN MILITAR-PARAMILITARES

El uso de civiles armados por parte de partidos políticos, capos locales, el gobierno, y las fuerzas armadas tiene una larga tradición en Colombia. En el siglo XIX, una serie de enfrentamientos entre los Partidos Liberal y Conservador establecieron una práctica sistemática que se prolongaría un siglo más tarde: diferencias políticas, competencia económica, y venganzas personales que desembocan en violencia ante la ignorancia o la instigación activa del gobierno central.

Durante este siglo, La Violencia (1948-1965), el nombre que recibe la guerra civil entre liberales, conservadores, y el naciente Partido Comunista, se convirtió en una de las mayores movilizaciones armadas campesinas del hemisferio. Para poner fin a La Violencia, los dirigentes liberales y conservadores negociaron un acuerdo de reparto de poder que duró desde 1958 hasta 1974. Con el nombre de Frente Nacional, el pacto estableció una presidencia alterna entre los Partidos Liberal y Conservador.(1)

Sin embargo, muchos colombianos, como los guerrilleros liberales y comunistas que habían luchado durante La Violencia, pensaron que este acuerdo los dejaba al margen. En 1966, cuando se fundaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pro cubanas, que sigue siendo el mayor grupo insurgente de Colombia, La Violencia había hecho la transición de guerra civil a campaña gubernamental contra la guerrilla y los que se consideraban sus partidarios dentro de la sociedad civil. El año anterior, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) había llevado a cabo su primera acción armada en el Departamento de Santander.(2)

Por aquel entonces, las Fuerzas Armadas de Colombia ya se habían embarcado en una nueva relación con el Ejército de Estados Unidos, ansioso por enfrentar la amenaza comunista en el sur.(3) La predisposición de los militares colombianos a utilizar a civiles contra un presunto enemigo, ya fueran los rivales políticos o las insurgencias guerrilleras y los sospechosos de apoyarlas, encajó dentro de una estrategia estadounidense de guerra fría que en los sesenta estaba bien desarrollada: suministrar apoyo y entrenamiento militar estadounidense a los gobiernos en lucha contra las insurgencias comunistas y animarles a convertir en aliados a los a veces desagradables, aunque eficaces, civiles irregulares, ya fueran paramilitares griegos de ultraderecha, parapoliciales filipinos, o contras nicaragüenses. Según los teóricos y profesionales de EE.UU., los grupos irregulares civiles más eficaces eran los que incluían a reservistas del ejército, oficiales retirados predispuestos ferozmente contra el comunismo, y hombres familiarizados con los residentes, las costumbres, y el terreno locales. Una vez organizados en las llamadas "fuerzas de autodefensa," estos civiles recibían armas y entrenamiento del ejército y aportaban tropas para la ayuda en inteligencia y logística, como guías, asistentes en operaciones psicológicas, e incluso combatientes al lado de los soldados regulares.(4)

Dentro de las Fuerzas Armadas de Colombia, uno de los principales defensores de la aplicación de estos métodos para combatir al "enemigo interno" comunista fue el General Alberto Ruiz Novoa, cuya experiencia en la guerra fría incluía un periodo de 1952 a 1953 como comandante del Batallón Colombia en Corea(5). Colombia fue uno de los primeros países latinoamericanos que firmó acuerdos mutuos de defensa con Estados Unidos y puso en marcha el primer centro de entrenamiento contraguerrilla de Latinoamérica, llamado la Escuela de Lanceros.(6)

El General Ruiz se convirtió en Comandante de las Fuerzas Armadas en 1960. En 1962, invitó a miembros de las Fuerzas Especiales de EE.UU. a que capacitaran a oficiales colombianos en contrainsurgencia de guerra fría. Los oficiales colombianos también empezaron a entrenarse en bases estadounidenses.(7) Aquel año, un Equipo de Guerra Especial del Ejército de Estados Unidos (Army Special Warfare) visitó Colombia para ayudar a perfeccionar el Plan Lazo, una nueva estrategia contrainsurgente que estaba diseñando el General Ruiz.(8) Los asesores estadounidenses propusieron que Estados Unidos "seleccionara a personal civil y militar para entrenarlos clandestinamente en operaciones de resistencia en caso de que se les necesitara en el futuro." Bajo la dirección del General William P. Yarborough, el equipo recomendó además que esta estructura "se utilizara para funciones de contra inteligencia y contra propaganda y, si fuera necesario, para ejecutar actividades paramilitares de sabotaje o terroristas contra conocidos defensores del comunismo. Debe tener el apoyo de Estados Unidos."(9)

A juzgar por los acontecimientos que siguieron, las recomendaciones de EE.UU. se aplicaron con entusiasmo a través del Plan Lazo, adoptado oficialmente por las Fuerzas Armadas de Colombia el 1 de julio de 1962.(10) Mientras que las fuerzas armadas presentaron ante el público el Plan Lazo como una campaña destinada a los "corazones y mentes"de los colombianos, para ganar su apoyo con obras públicas y campañas para mejorar las condiciones que se consideraba que alimentaban la subversión armada, a nivel privado incorporaba las principales recomendaciones del equipo de Yarborough. Civiles armados -- denominados "defensa civil", "autodefensas", o "operaciones de organización popular" entre otras denominaciones -- tuvieron que trabajar directamente con la tropa. A pesar de que, durante las tres décadas siguientes, la importancia del componente de "corazones y mentes" sufriría muchos altibajos, se mantendría la importancia clave de mantener a los civiles como aliados armados.(11)

En lugar de imponer limites a las fuerzas armadas y a su campaña anticomunista, esencialmente, la administración del Presidente Guillermo León Valencia (1962-1966) dejó en sus manos el problema de lo que se sigue llamando en Colombia "orden público;" una división de tareas que se mantiene hoy en día. Esta delegación de responsabilidades se hace principalmente a través de la declaración del "estado de sitio" (que ahora se llama "estado de conmoción interior"). De los últimos cuarenta y siete años, Colombia ha pasado treinta y siete en estado de sitio o de conmoción interior.(12)

Durante el estado de sitio, el ejecutivo aplica decretos que derogan derechos al transferir amplios poderes judiciales y políticos a las Fuerzas Armadas, sin ninguna o restringida supervisión civil. Con frecuencia, supuestos decretos temporales se convierten posteriormente en leyes permanentes. Por ejemplo, el Decreto 1290, aplicado en 1965, enviaba a los civiles acusados de apoyar o pertenecer a la insurgencia ante los tribunales marciales militares, en los que los procesos eran secretos y se suspendían derechos fundamentales.(13) Las ofensivas militares contra las llamadas "repúblicas independientes" de simpatizantes comunistas en los departamentos de Tolima y Cauca llevaron al Presidente Valencia a declarar el estado de sitio en mayo de 1965. Posteriormente, el Decreto 3398 sentaba las bases legales para la participación activa de los civiles en la guerra desde 1965 hasta 1989. El Decreto 3398 definió la defensa de la nación como "la organización y previsión del empleo de todos los habitantes y recursos del país, desde tiempo de paz, para garantizar la Independencia Nacional y la estabilidad de las instituciones" y legalizó temporalmente el hecho de que el Ministerio de Defensa armara a civiles.(14)

En 1968, sin embargo, la Ley 48 convirtió el Decreto 3398 en legislación permanente.(15) La Ley 48 autorizaba al ejecutivo a crear patrullas civiles por decreto y al Ministerio de Defensa a suministrarles "armas para el uso privativo de las Fuerzas Armadas." Aunque el presidente nunca llegó a crear más que unas cuantas patrullas, los militares solían citar la Ley 48 como el sustento legal de su apoyo a todos los paramilitares.(16)

Desde 1968, las Fuerzas Armadas de Colombia han publicado una serie de manuales de combate que parten de la estrategia incorporada originalmente en el Plan Lazo. Mientras que algunos de ellos se pusieron al alcance del público, otros fueron clasificados y mantenidos virtualmente en secreto.(17) Por ejemplo, en el "Reglamento de Cooperación Civil Militar", publicado y marcado como público en 1986, se insta a los comandantes militares a que ejecuten tareas tan útiles como evaluar la adecuación de las aulas y los materiales en las escuelas locales.(18)

Sin embargo, otros manuales contienen un mensaje más inquietante. Uno de los más influyentes es el Reglamento de Combate de Contraguerrillas, que incluye en su bibliografía cinco Manuales Militares de Campo y tres Textos Militares Especiales estadounidenses, varios de los cuales se concentraban en la organización de fuerzas civiles.(19) En el Reglamento, los comandantes de campo reciben instrucciones sobre como "organizar en forma militar a la población civil para que se proteja contra la acción de las guerrillas y apoye la ejecución de operaciones de combate." El Reglamento insiste en que estas "juntas de autodefensa" deben incluir a individuos seleccionados, entrenados y equipados especialmente por los militares y en los casos en que sea necesario deben movilizarse con la tropa.(20)

El manual hace hincapié en que "esta red de autodefensas representa un instrumento poderoso para la defensa de la nación contra ataques exteriores o interiores. Su organización debe, por lo tanto, estar bajo la dependencia militar en todo momento." En este sentido, el manual señala que se asigne a un oficial en particular la tarea de organizar, entrenar, equipar, y movilizar los grupos de autodefensa.(21)

El manual subraya la importancia de reclutar oficiales en la reserva con una lealtad demostrada y entrenarlos junto con otros líderes en "técnicas de combate," "táctica de defensa de la región," y "adoctrinamiento psicológico." Se suministraran armas, incluidas las restringidas al uso militar, a los grupos de autodefensa para "operaciones de búsqueda, control y destrucción." Según el manual, la misión esencial de las autodefensas es "el rechazo violento de las acciones guerrilleras en la región."(22)

Otro manual secreto da instrucciones a los comandantes de campo para que equipen a algunos soldados con ropas civiles "con el objeto de poder entrar a las casas como trabajadores, visitantes, cumplir misiones especiales." Las acciones civiles no solo se consideran una manera de ganarse la lealtad de la población civil, sino también de poner a prueba su reacción ante la tropa. Si la reacción de estos civiles es indiferente o negativa, serán señalados como posibles subversivos. Cuando sea necesario "probar" individualmente a civiles, se indica a los oficiales que "se envíen agentes clandestinos de civil, que cumplan y simulen misiones de los bandoleros, integrantes de una cuadrilla, para luego hacer el patrullaje de rigor." Los que no pasan la prueba se ponen en una "lista negra." Los que no dejan clara su lealtad se ponen en una "lista gris". Según el manual, ambos deben recibir "boleteos" -- amenazas escritas anónimas para "atemorizarlos haciéndoles creer que están comprometidos y que deben abandonar la región."(23)

El método de publicar a la vez manuales "públicos" versus "ultra secretos" garantiza que las fuerzas armadas aparente estar obedeciendo las normas estrictas de conducta contempladas en los documentos públicos mientras que siguen conduciendo sistemáticamente operaciones encubiertas basadas en los manuales secretos.

En los setenta, el Partido Comunista Colombiano (PCC) se había afianzado políticamente en algunas zonas, como la región del Magdalena Medio y los departamentos de Meta y Cundinamarca. Mientras tanto, las FARC crecían rápidamente, y en algunas zonas arbitraban disputas, supervisaban las obras públicas y llevaban a cabo funciones policiales.(24)

Para los militares, las acciones cívicas, como construir carreteras y clínicas de salud, se convirtieron en tan sólo una herramienta para frenar el avance de la guerrilla. Los paramilitares eran una parte integral de su contraataque a la guerrilla, así como a los que el equipo estadounidense de Yarborough identificó como "conocidos defensores del comunismo" del PCC.(25) Sin embargo, en Colombia ese concepto llego a englobar tanto a defensores reales como a supuestos partidarios de la guerrilla; lo que incluye a críticos del gobierno, sindicalistas, organizadores comunitarios, políticos de la oposición, líderes civiles, y activistas de los derechos humanos. Hasta las protestas pacíficas -- por la tierra, la educación, los derechos humanos, por salarios mejores, la salud pública, los servicios públicos, y la limpieza del agua -- se describieron como una batalla del gobierno contra los agitadores comunistas. Según señaló el General Luis Carlos Camacho Leyva, Ministro de Defensa desde 1978 a 1982, la protesta social era simplemente "los brazos desarmados de la subversión."(26)

El General Fernando Landazábal, que fue Ministro de Defensa con el Presidente Belisario Betancur (1982-1986), ofreció una versión más elegante de esta misma teoría: "No menos importante que la localización de la subversión es la localización de la dirección política de la misma... Nada más nocivo para el curso de las operaciones contrarrevolucionarias que dedicar todo el esfuerzo al combate y represión de las organizaciones armadas del enemigo, dejando en plena capacidad de ejercicio libre de su acción la dirección política del movimiento."(27)

Uno de los métodos que el ejército utilizó para controlar a estos líderes políticos fue apoyar las medidas autoritarias impuestas por el Presidente Julio César Turbay (1978-1982), entre ellas el Decreto 1923, llamado el "Estatuto de Seguridad". El Decreto definía en términos generales nuevos crímenes, como "trastornar el orden público", aplicaba la censura a la prensa, y otorgaba poderes judiciales a la policía.(28) En su momento, algunos colombianos se opusieron públicamente al Estatuto de Seguridad por ser en la práctica una toma de control de la vida civil por parte del ejército. Como ha señalado el historiador Francisco Leal Buitrago, el Estatuto de Seguridad permitía a las Fuerzas Armadas "ampliar su autonomía en el manejo de los asuntos de orden público a niveles sin precedente."(29)

La violencia política en Colombia tomó un cariz dramático el 3 de diciembre de 1981, cuando un helicóptero voló sobre la ciudad de Cali tirando panfletos que anunciaban la formación de un nuevo grupo, Muerte A Secuestradores (MAS). Según sus fundadores, MAS fue creado por 223 narcotraficantes para vengarse del secuestro por parte del M-19 de Martha Nieves Ochoa, cuyos hermanos eran miembros del Cartel de Medellín. Pero su organización se convirtió en un atractivo para algunos colombianos ajenos al mercado de la droga, aunque identificados con el odio de los narcotraficantes hacia la guerrilla. En la región del Magdalena Medio, donde los propietarios de tierra o negocios se enfrentaban a demandas cada vez mayores de las FARC del llamado "impuesto de guerra", de materiales, y de alimentos, y donde los secuestros por rescate eran una plaga, el modelo de MAS representaba una manera violenta, aunque eficaz, de responder.(30)

El Batallón Bárbula de Puerto Boyacá, en Santander, y el alcalde militar de la ciudad, el Capitán Oscar de Jesús Echandía, adoptaron el modelo de MAS. En 1982, Echandía convocó una reunión con residentes locales, que incluían a líderes locales de los Partidos Liberal y Conservador, empresarios, ganaderos, y representantes de la Texas Petroleum Company. Decidieron que su objetivo iba más allá de proteger a la población de las demandas guerrilleras. Querían "limpiar" la región de subversivos. Con este fin, acordaron reunir armas, uniformes, alimentos, y un fondo para pagar a jóvenes para que lucharan. Los empresarios y ganaderos aportaron el dinero, mientras que el ejército ofreció su apoyo táctico. Esencialmente, el ejército autorizó y alentó activamente a civiles para que persiguieran y asesinaran a supuestos guerrilleros. Antes de concluir la reunión eligieron un nombre para su nuevo grupo: MAS; el mismo nombre utilizado por los narcotraficantes.(31)

El objetivo original -- limpiar el área de guerrilleros -- se amplió rápidamente incorporando a cualquiera opuesto al MAS, lo que incluyó a un miembro del consejo de Puerto Boyacá, un activista político, y un médico; todos ellos miembros del ala progresista del Partido Liberal, y todos los cuales fueron asesinados.(32) En 1983, MAS estaba participando en operaciones conjuntas con el ejército. En aquella época, campesinos locales informaron sobre numerosos casos en los que tropas acompañadas por miembros de MAS llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales y destruyeron fincas.(33)

MAS también recibió el apoyo del Batallón Bomboná, del cercano Puerto Berrío. Los hermanos Castaño, hijos de un ganadero de Antioquia secuestrado y asesinado por las FARC, estaban entre los hombres entrenados y empleados como guías por el Batallón Bomboná. El mayor de ellos, Fidel, había jurado venganza. A mediados de los ochenta, los Castaño formaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), una fuerza paramilitar en el nordeste de los departamentos de Antioquia y Córdoba, donde la familia posee tierras. A finales de la década, Fidel Castaño, conocido como "Rambo", se había convertido en un líder paramilitar de alto nivel así como en un narcotraficante influyente.(34)

Después de que las autoridades registraran 240 asesinatos atribuidos a MAS, el recién inaugurado Presidente Belisario Betancur (1982-1986) ordenó a la Procuraduría, la agencia gubernamental responsable de investigar las denuncias de abusos cometidos por los funcionarios del gobierno, que abriera una investigación.(35) El 20 de febrero de 1983, el Procurador Carlos Jiménez Gómez anunció los resultados. Entre los 163 individuos que se demostró que estaban relacionados con MAS, cincuenta y nueve eran oficiales policiales y militares en servicio activo, incluidos los comandantes de los Batallones Bárbula y Bomboná.(36) Jiménez los describió como "oficiales que se desbordan frente a las tentaciones de multiplicar su capacidad de acción y de aprovechar agentes privados, a quienes empiezan por tomar como 'guías' e 'informantes', colaboradores y auxiliares en general y terminan utilizando como brazo oculto para que en plan de sicarios hagan oficiosamente, lo que oficialmente no pueden hacer."(37)

Aunque Jiménez intentó iniciar una investigación más amplia, el Tribunal Disciplinario, que entonces se encargaba de resolver algunas disputas jurisdiccionales entre los tribunales militares y las cortes civiles, decidió que el caso correspondía a la jurisdicción militar, donde se retiraron todos los cargos. En aquella época, el Ministro de Defensa, General Fernando Landázabal, ordenó a los miembros del ejército que contribuyeran con parte de sus salarios a la defensa legal de los acusados.(38) Oficiales influyentes defendieron públicamente a los paramilitares describiéndolos como civiles que simplemente se defendían de la guerrilla. Nunca ninguno de los oficiales mencionados fue condenado por su participación en MAS.(39)

La reacción del Gobierno de Estados Unidos a este informe fue desdeñable. La carrera militar del Coronel Ramón Emilio Gil Bermúdez, comandante del Comando Operativo No. 10, en Cimitarra, departamento de Santander, supone un ejemplo inquietante. Gil, uno de los mencionados en la lista de Jiménez, era un oficial altamente condecorado que fue enviado a Cimitarra en 1981, inmediatamente después de completar un curso sobre "estrategia de inteligencia combinada" en Washington, D.C.. Cuando se publicó la lista de la Procuraduría, Gil había regresado a Washington como Agregado Militar de la Embajada de Colombia. Incluso cuando estaba siendo investigado por la creación, dirección, y protección de MAS y por ordenar personalmente los asesinatos de sospechosos de apoyar a la guerrilla, fue promovido y retornó a Estados Unidos para recibir formación adicional al curso. Gil se retiró con honores en 1994, después de haber sido Comandante de las Fuerzas Armadas, el puesto más alto dentro de las fuerzas armadas del país.(40)

A pesar de este informe condenatorio, la asociación militar-paramilitares se mantuvo. Para contrarrestar el informe de la Procuraduría, MAS creó una entidad pública para llevar a cabo mejoras cívicas y ayudar a los campesinos a que se unieran a su lucha: la Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio (ACDEGAM). Al igual que la propia estrategia contrainsurgente del ejército, la ACDEGAM operaba en dos niveles: declaraciones públicas contra el comunismo y a favor de las llamadas "juntas de autodefensa;" combinadas con ataques, asesinatos, y amenazas de muerte encubiertos por medio de MAS y confabulados con el ejército.(41)

Mientras tanto, el Presidente Betancur se había embarcado en un ambicioso plan de negociación del alto el fuego y una paz eventual con la guerrilla. En 1984, aunque las negociaciones estaban plagadas de problemas, las FARC firmaron un alto el fuego y estaban negociando la creación de un nuevo partido político, la Unión Patriótica (UP), concebido para representar a los colombianos que no pertenecían a los partidos políticos tradicionales así como a ex guerrilleros.(42) Sin embargo, las fuerzas armadas y sus aliados civiles, incluidos los paramilitares, se opusieron agriamente a estas iniciativas. Muchos de los guerrilleros que participaron en las negociaciones con el gobierno fueron asesinados. Los asesinatos por parte de paramilitares, que operaban con el apoyo abierto de las fuerzas armadas, también tuvieron como objetivo miembros de la UP, sindicalistas, líderes de los derechos humanos, y activistas comunitarios.(43)

En 1985, la ACDEGAM contaba con miembros poderosos: narcotraficantes que habían comprado tierras en el Magdalena Medio. El apoyo financiero de los capos mejoró drásticamente la cantidad y calidad del armamento del grupo, la capacidad de reunir información de inteligencia, y la variedad de sus acciones. En 1987 y 1988, la ACDEGAM llegó a patrocinar centros de entrenamiento con instructores extranjeros venidos de Israel y Gran Bretaña.(44) Los instructores extranjeros también trabajaron en Las Tangas, una finca de los Castaño.(45) En aquella época, uno de los objetivos de los paramilitares ligados al narcotráfico era "atentar contra miembros de la Unión Patriótica y contra representantes del Gobierno o los partidos políticos que se opongan al narcotráfico."(46)

Años más tarde, el ex miembro de MAS Diego Viáfara revelaría, en su confesión ante los investigadores del gobierno, la alianza siniestra entre militares, paramilitares y narcotraficantes. Viáfara, un estudiante de medicina, estaba intentando unirse a una unidad del M-19 en el Magdalena Medio cuando MAS lo detectó y capturó. Por temor a perder la vida, aceptó una amnistía del gobierno en 1983, y el comandante del Batallón Bárbula, Mayor Diego Velandia, lo puso bajo custodia. Velandia lo entregó a MAS, donde mantuvieron a Viáfara prácticamente encarcelado. Con el tiempo, se ganó la confianza de los dirigentes de MAS y se convirtió en su médico. Hasta que aceptó colaborar con las autoridades en 1988, Viáfara había sido testigo de la colaboración estrecha dentro de MAS entre comandantes militares, narcotraficantes, y líderes paramilitares; entre ellos Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha conocido como "El Mejicano," Fidel Castaño, y Victor Carranza, un negociante de esmeraldas y reputado narcotraficante con grandes tierras en el Magdalena Medio y el departamento de Meta.(47)

Por aquel entonces, había paramilitares organizados con el nombre de MAS en al menos ocho de los treinta y dos departamentos colombianos, incluidos Antioquia, Boyacá, Caquetá, Córdoba, Cundinamarca, Meta, Putumayo, y Santander. Entre el armamento que utilizaban había rifles R-15, AKMs, Galils, FALs, y rifles G-3, todos ellos prohibidos para el uso civil. Obtenían las armas y la munición de ventas privadas, así como del ejército y de la Industria Militar (INDUMIL), la fábrica de armas controlada por los militares y la única entidad con autorización para producir, almacenar, y distribuir armas de fuego en Colombia.(48)

Poco después de la confesión de Viáfara, la policía capturó a Luis Antonio Meneses Báez, un ex teniente del ejército que se había convertido en líder paramilitar. Meneses, conocido con el nombre de guerra de "Ariel Otero", dijo a las autoridades que los paramilitares mantenían relaciones estrechas con la inteligencia militar, la cual los controlaba y les daba órdenes. Aunque, según dijo, el Ejército, la Armada, y algunas unidades de la policía locales tenían relaciones con los grupos paramilitares, el Ejército era el más cercano a ellos. Según Meneses, las secciones regionales de inteligencia del Ejército, al mando del Batallón de Inteligencia "Charry Solano," trabajaban con las unidades tácticas locales en el desarrollo de actividades paramilitares.(49)

Según dijo Meneses, en 1986, el Batallón de Inteligencia "Charry Solano" organizó una reunión con los líderes paramilitares regionales para consolidar un frente unido.(50) En aquel tiempo, el Batallón estaba al mando del Teniente Coronel Alvaro Hernán Velandia (para más información sobre este oficial ver la sección sobre la impunidad). Tuvo lugar una segunda reunión en 1987, esta vez en Santander, "para la creación de estatutos, normas internas, estructuración de la organización." En aquel entonces, Meneses informó sobre veintidós de las llamadas juntas de autodefensa en diecisiete departamentos, todas ellas interconectadas por radio y ligadas al ejército por un oficial de enlace designado.(51)

1988 demostró ser un año crucial. El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), un grupo de derechos humanos, registró durante ese año 108 masacres, definidas como el asesinato de cuatro o más personas por motivos políticos, las peores cifras de la década. Los paramilitares no sólo estaban cada vez más activos en las regiones de origen de sus miembros; sino que, con la coordinación y apoyo activo del ejército, también fueron enviados por todo el país para asesinar a supuestos colaboradores de la guerrilla.(52)

Por ejemplo, en el caso de la masacre en las fincas La Honduras y La Negra, que se describen con más detalle en la sección sobre la impunidad de este informe, durante las semanas previas el ejército había arrestado a algunos de los que serían víctimas, había tomado fotos de ellos, y había detenido a otros, que fueron torturados hasta que dieron información. Esta información se entregó entonces a los asesinos. Antes de la masacre, el Mayor Luis Becerra Bohórquez, un miembro de la división de inteligencia de la Décima Brigada, alojó a los asesinos en un hotel de Medellín. Becerra pagó la cuenta del hotel con su tarjeta Diner's Club.(53)

Para las autoridades civiles, la gota que colmó el vaso cayó el 18 de enero de 1989, cuando paramilitares del Magdalena Medio mataron a dos jueces y a diez investigadores cerca de La Rochela, en el departamento de Santander. El equipo judicial había estado investigando asesinatos en el área vinculados a paramilitares con apoyo del ejército. Las investigaciones del gobierno conectaron posteriormente los asesinatos con una fuerza de tarea al mando del Teniente Luis Andrade Ortiz, comandante del cercano Batallón Rafael Reyes, parte de la Décimocuarta Brigada. Un juez de orden público sentenció a Andrade a una condena de cárcel de cinco años por "auxilio a actividades terroristas." Sin embargo, una corte superior revocó la decisión y Andrade se escapó misteriosamente de una prisión militar en 1990. En 1994, una corte civil de Santander decidió en contra del gobierno y a favor de la familia de la juez asesinada Mariela Morales, e impuso una indemnización por daños de 1.000 gramos de oro. En su decisión, la corte escribió que "miembros de la fuerza pública conocían la actividad de grupos como la guerrilla y los paramilitares... y aún así, la comisión no fue protegida, sino al contrario, fueron gestores de la masacre."(54)

En abril de 1989, el Presidente Virgilio Barco (1986-1990) hizo declaraciones en contra de los paramilitares, llamándolos "organizaciones terroristas... En realidad, la mayoría de sus víctimas no son guerrilleros. Son hombres, mujeres, e incluso niños, que no han tomado las armas contra las instituciones. Son colombianos pacíficos."(55) El gobierno tomó medidas para detener a los dirigentes paramilitares e ilegalizar las actividades en el futuro. Se retiro del mando a dos oficiales militares -- el Mayor Diego Velandia, comandante del Batallón Bárbula, y el Teniente Coronel Luis A. Bohórquez, comandante de la base de Puerto Boyacá. Se desmantelaron algunos centros de entrenamiento, se organizó una unidad especial de policía para atrapar a paramilitares, y ex paramilitares declararon ante los investigadores del gobierno sobre sus actividades.(56)

El Presidente Barco también emitió el primero de una serie de decretos concebidos para detener la violencia paramilitar.(57) Entre ellos estaba el Decreto 815, que reafirmaba que el poder único de formar grupos de "autodefensa" recaía en el presidente, con la aprobación adicional de los Ministerios de Defensa y Gobernación (ahora Interior). El 25 de mayo de 1989, la Corte Suprema revocó las disposiciones de la Ley 48, que permitían a las Fuerzas Armadas distribuir armamento restringido a civiles. El Decreto 1194, emitido en junio, establecía condenas penales para los civiles y miembros del ejército que reclutan, entrenan, promueven, financian, organizan, dirigen, o pertenecen a "los grupos armados, mal llamados paramilitares, constituidos en escuadrones de la muerte, bandas de sicarios, grupos de autodefensa o grupos de justicia privada."(58)

Para contrarrestar esta barrera legal, la ACDEGAM creó un partido político llamado el Movimiento de Restauración Nacional (MORENA). Sin embargo, después de una investigación del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), una fuerza de investigación bajo la autoridad del presidente, las autoridades emitieron órdenes de arresto contra dirigentes del MORENA por los delitos de asesinato, terrorismo, y posesión de armas ilegales.(59)

Sin embargo, incluso después de que entraran en vigor estos decretos, los líderes militares siguieron trabajando con paramilitares, justificándose con argumentos como que los paramilitares habían sido eficaces contra la guerrilla hasta que los narcotraficantes los obligaron a trabajar como representantes de lo que el ex Ministro de Defensa, Oscar Botero Restrepo, denominó "intereses perversos."(60) En el Magdalena Medio, donde el gobierno había recogido la mayoría de la información sobre la asociación militar-paramilitares, el ejército siguió apoyando abiertamente a MAS, incluso patrullando con él y ayudándole a distribuir propraganda pro militar.(61) Según Meneses, ex comandante paramilitar, la inteligencia del ejército llegó a organizar una reunión con líderes paramilitares en el departamento de Caquetá, después de los decretos de Barco, en la que se discutió sobre ideología y planes de operaciones.(62)

A finales de la década, Colombia tenía más paramilitares que nunca. Las estadísticas registradas sobre violencia política confirman los resultados siniestros de la asociación militar-paramilitares. En los setenta, los grupos de derechos humanos registraron 1.053 asesinatos políticos. En los ochenta, esta cifra saltó a 12.859.(63) Haciendo una retrospectiva, Rafael Pardo, el primer civil nombrado Ministro de Defensa en Colombia en 1991, concluyó que, en 1989, "los grupos paramilitares que participaban en la violencia organizada supusieron la mayor amenaza para la estabilidad institucional del país."(64)


CAPÍTULO III
REGRESAR AL PRINCIPIO

1. Aunque es difícil establecer cifras exactas, los historiadores consideran que durante La Violencia fueron asesinadas más de 200.000 personas y dos millones se convirtieron en desplazados internos. Jenny Pearce, Colombia: Inside the Labyrinth (London: Latin American Bureau, 1990), págs. 49-60.

2. En 1980, Colombia tenía ocho grupos guerrilleros. Además de las FARC y el ELN estaban el Movimiento 19 de abril (M-19), cuyo nombre proviene de la fecha de las elecciones de 1970, que según ellos, fueron invalidadas fraudulentamente; el Ejército Popular de Liberación (EPL), activo a lo largo de la costa norte; el Quintín Lame, un grupo indígena con sede en Cauca; el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT); la Autodefensa Obrera (ADO); y el Movimiento Independiente Revolucionario-Patria Libre (MIR-PL). Sólo las FARC, el ELN, y una facción del EPL permanecen en activo.

3. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el Ejército de Colombia había tomado el modelo del Ejército Prusiano. Después de la guerra, Estados Unidos se convirtió tanto en proveedor de armamento como en modelo ideológico y estructural. Para una historia de las fuerzas armadas colombianas ver, Elsa Blair Trujillo, Las fuerzas armadas: Una mirada civil (Santafé de Bogotá: CINEP, 1993).

4. Estados Unidos se inspiró de diversas fuentes para crear esta estrategia, como las prácticas de las fuerzas alemanas y japonesas durante la Segunda Guerra Mundial. Michael McClintock, Instruments of Statecraft: U.S. Guerrilla Warfare, Counterinsurgency, and Counterterrorism, 1940-1990 (New York: Pantheon Books, 1992), págs. 11-17, 53-54, 59-68, 82-93.

5. Colombia fue el único país latinoamericano que envió tropas a Corea. Francisco Leal Buitrago, El oficio de la guerra (Santafé de Bogotá: Tercer Mundo/Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, 1994), págs. 47, 69.

6. La Escuela de Lanceros empezó a entrenar a jóvenes oficiales en 1955. Leal, El oficio de la guerra, pág. 46; y Pearce, Colombia: Inside the Labyrinth, pág. 63.

7. McClintock, Instruments of Statecraft, pág. 187. La mayoría de los oficiales que ahora ocupan los puestos más altos en el ejército han recibido entrenamiento en Estados Unidos. En la sección sobre política estadounidense aparece un listado parcial.

8. Leal, El oficio de la guerra, pág. 84.

9. Cuartel General, Escuela de Guerra Especial del Ejército de Estados Unidos (U.S. Army Special Warfare School), "Subject: Visit to Colombia, South America, by a team from Special Warfare Center, Fort Bragg, North Carolina, 26 February 1962" (Objeto: Visita a Colombia, Suramérica, de un equipo del Centro de Guerra Especial, Fort Bragg, Carolina del Norte, 26 de febrero de 1962). Biblioteca Kennedy, Sección 319, Archivos de Seguridad Nacional (National Security Files), Grupo Especial, Equipo de Fort Bragg; Visita a Colombia; 3/62. Como se cita en McClintock, Instruments of Statecraft, pág. 222. (Traducción de HRW).

10. Richard Maullin, Soldiers, Guerrillas, and Politics in Colombia (Soldados, guerrilleros y política en Colombia) (Lexington, Massachusetts: Lexington Books, 1973), pág. 69.

11. Leal, El oficio de la guerra, págs. 80-87, 100-101.

12. Este recuento se basa en una revisión de declaraciones hechas hasta mediados de 1996.

13. La Corte Suprema de Justicia recusó el decreto en 1987. En 1996, un proyecto de ley introducido en el Congreso podría devolver a los colombianos acusados de rebelión a la jurisdicción militar. Ibíd., págs. 73, 120; y entrevista telefónica de Human Rights Watch con la Comisión Colombiana de Juristas (en adelante, CCJ), 12 de septiembre de 1996.

14. Leal, El oficio de la guerra, págs. 86-87.

15. Para una descripción más detallada de este periodo ver, Americas Watch, The "Drug War" in Colombia: The Neglected Tragedy of Political Violence (New York: Human Rights Watch, abril de 1989), págs. 11-18.

16. Americas Watch, The Killings in Colombia (Los asesinatos en Colombia) (New York: Human Rights Watch, abril de 1989), págs. 50-51.

17. Las clasificaciones de documentos de las Fuerzas Armadas de Colombia pasan de ultra secreto a público como sigue: público, restringido, confidencial, reservado, secreto, y ultra secreto.

18. República de Colombia, Comando General de las Fuerzas Militares, Reglamento de Cooperación Civil Militar (Primera ed., Reglamento FF. MM. 5-1 público), 1986, págs. 33, 40-44, 68, 72.

19. McClintock, Instruments of Statecraft, págs. 223-224.

20. Comando de las Fuerzas Armadas, Reglamento de Combate de Contraguerrillas, EJC 3-10 Reservado, 1969 (y revisado periódicamente).

21. Ibíd.

22. Ibíd.

23. Fuerzas Militares de Colombia, Instrucciones generales para operaciones de contra-guerrillas (sin fecha).

24. Carlos Medina Gallego y Mireya Téllez Ardila, La violencia parainstitucional, paramilitar y parapolicial en Colombia (Santafé de Bogotá: Rodríguez Quito Editores, 1994), págs. 86-88.

25. Cuartel General, Escuela de Guerra Especial del Ejército de Estados Unidos, "Subject: Visit to Colombia," como se cita en McClintock, Instruments of Statecraft, pág. 222.

26. Blair, Las Fuerzas Armadas, pág. 134.

27. General Fernando Landazábal Reyes, La subversión y el conflicto social (Santafé de Bogotá: Ediciones Tercer Mundo, 1980), pág. 175.

28. Blair, Las Fuerzas Armadas, págs. 132, 137.

29. Leal, El oficio de la guerra, págs. 55, 104.

30. Carlos Medina Gallego, Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia (Santafé de Bogotá: Editorial Documentos Periodísticos, 1990), págs. 142-143, 170-177.

31. Medina y Téllez, La violencia parainstitucional en Colombia, págs. 88-89.

32. Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), informe sobre las confesiones del Mayor (ret.) Oscar de Jesús Echandía Sánchez, aproximadamente 1989.

33. Medina, Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia, págs. 178-182.

34. En una entrevista de prensa, Fidel Castaño dijo que había formado un grupo conocido como "Personas Perseguidas por Pablo Escobar, PEPES," al que se le atribuye haber dado caza al narcotraficante fugitivo en 1993. Castaño dijo que rompió relaciones con Pablo Escobar cuando supo que había entregado armas al ELN y ordenado asesinar a uno de sus amigos personales. Para más información sobre la Familia Castaño ver el caso de La Honduras/La Negra en la sección sobre la impunidad. "Yo fui el creador de los Pepes," Semana, 31 de mayo de 1994, págs. 38-46.

35. Informe del DAS sobre la confesión del Mayor (ret.) Oscar de Jesús Echandía Sánchez, aproximadamente 1989.

36. En la década siguiente, muchos de estos oficiales participarían reiteradamente en atrocidades militar-paramilitares. Entre ellos estaban el Capitán Echandía, comandante del Batallón Bárbula, en Puerto Boyacá; el Coronel Alvaro Velandia, comandante del Batallón de Patriotas de Honda, en Honda, departamento de Tolima; y el Coronel Ramón Emilio Gil Bermúdez, comandante del Comando Operativo No. 10, en Cimitarra, departamento de Santander.

37. Carlos Jiménez Gómez, Una procuraduría de opinión. Informe al Congreso y al país (Santafé de Bogotá: Editorial Printer Colombiana Ltda., 1986), págs. 118-119.

38. Ibíd., pág. 121.

39. Americas Watch, The Killings in Colombia, págs. 55, 70.

40. Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Asociación Americana de Juristas, Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Desaparecidos, Pax Christi Internacional, Commission of the Churches on International Affairs, Rechtvaardigheid en Vrede, Commission Justice et Paix, Centre National de Coopération au Développement, Nationaal Centrum Voor Ontwikkelingssamenwerking, Servicio Paz y Justicia America Latina (en adelante, OMCT y otros), El terrorismo de estado en Colombia (Bruselas: Ediciones NCOS, 1992), págs. 146-147.

41. Medina y Téllez, La violencia parainstitucional en Colombia, págs. 96-97.

42. El M-19, el EPL, y la ADO también firmaron acuerdos parciales. Sin embargo, en aquel momento sólo se desmovilizó la ADO.

43. Americas Watch, The Killings in Colombia, págs. 50-55.

44. Medina, Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia, págs. 366-382.

45. "Testimonio clave", Semana, 28 de septiembre de 1993.

46. Testimonio de Diego Viáfara Salinas ante la Procuraduría, 22 de febrero de 1989.

47. Testimonio de Diego Viáfara Salinas ante el DAS, 10 de mayo de 1988; y DAS, "Organización de sicarios y narcotraficantes en el Magdalena Medio," un informe de inteligencia, 21 de julio de 1988.

48. Ibíd.

49. Informe sobre el interrogatorio a Luis Antonio Meneses Báez, Dirección de Policía Judicial e Investigación (DIJIN), Santafé de Bogotá, noviembre de 1989.

50. Ibíd.

51. Ibíd. Posteriormente, el 8 de enero de 1992, Meneses fue asesinado en circunstancias misteriosas.

52. Diego Pérez, "La situación de los derechos humanos en Colombia durante 1991," en Colombia: Análisis del futuro (Santafé de Bogotá: CINEP, 1992), pág. 112.

53. Para obtener un resumen más completo ver, Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, Camino de la niebla, Vol. III (Santafé de Bogotá: Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, 1990), págs. 155-246.

54. OMCT y otros, Terrorismo de estado, págs. 29-30; y "Otra condena por caso La Rochela," Vanguardia Liberal, 15 de julio de 1994.

55. El Tiempo, 20 de abril de 1989.

56. Con los años, han sido muchos más los dirigentes paramilitares asesinados por peleas internas o desacuerdos sobre drogas que los detenidos o investigados. Entrevista de Human Rights Watch con la Fiscalía, 10 de julio de 1996.

57. Para una discusión más amplia sobre este tema ver, Americas Watch, The "Drug War" in Colombia, págs. 12-16.

58. Decreto 1194.

59. Se presentaron cargos contra Luis Alfredo Rubio Rojas, ex alcalde de Puerto Boyacá; Henry y Gonzalo de Jesús Pérez, Nelson Lesmes, Iván Roberto Duque, Luis Arturo Ramírez, y Luis Meneses Báez (alias Ariel Otero). Varios fueron detenidos, pero otros seguían en libertad cuando se escribió este informe. Documento interno.

60. "Una calumnia a las Fuerzas Armadas," El Tiempo, 30 de marzo de 1990, como se cita en Americas Watch, The "Drug War" in Colombia, pág. 17.

61. Residentes de la aldea La Plazuela dijeron a grupos de derechos humanos que unidades de los Batallones Nueva Granada y Luciano D'Elhuyar patrullaron con conocidos miembros de MAS y distribuyeron panfletos del "Movimiento de Autodefensa Campesina de Colombia" en 1990. Carta del Padre Javier Giraldo, Comisión Intercongregacional por la Justicia y la Paz (en adelante, Justicia y Paz), a Human Rights Watch, 8 de marzo de 1990.

62. Informe sobre el interrogatorio de Luis Antonio Meneses Báez, Dirección de Policía Judicial e Investigación (DIJIN), Santafé de Bogotá, noviembre de 1989.

63. Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, El camino de la niebla, Vol. II (Santafé de Bogotá: Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, 1990), pág. 15.

64. Discurso de Rafael Pardo, en el Latin American Program, "Colombia: Human Rights and the Peace Process", No. 212, Serie de Análisis publicada por el Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, D.C., 4 de abril de 1995, pág. 14. (Traducción de HRW).


CAPÍTULO III
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