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LAS REDES DE ASESINOS DE COLOMBIA
La
nueva estructura
Mientras la administración
del Presidente César Gaviria (1990-1994) intentaba una reforma política
en Colombia, Estados Unidos estaba convirtiendo en su prioridad en todo
el hemisferio la guerra contra las drogas. La estrategia andina, diseñada
por la administración del Presidente George Bush (1988-1992), fue
concebida para fortalecer las iniciativas antidroga en Suramérica.
Concentraba los esfuerzos de Estados Unidos en los "países productores,"
donde se cultivan y se procesan en forma de cocaína las hojas de
coca. En 1990, el Comando Sur de Estados Unidos, responsable de todas las
actividades militares de EE.UU. en Latinoamérica y El Caribe, había
declarado que las iniciativas antidroga eran su "prioridad número
uno."(65)
De manera a incorporarlo en el esfuerzo
antidroga, Estados Unidos aumentó su ayuda a las Fuerzas Armadas
de Colombia. En una entrevista telefónica con Human Rights Watch,
el Coronel (ret.) James S. Roach, Jr., que entonces era Agregado Militar
de Estados Unidos en Colombia y enlace en el país de la Agencia
de Inteligencia de la Defensa (Defense Intelligence Agency, DIA) en Bogotá,
dijo: "Había un gran debate en curso [sobre como destinar mejor]
el dinero para las operaciones antinarcóticos en Colombia. Estados
Unidos estaba buscando la manera de intentar ayudar. Pero si [tú
mismo] no estás dispuesto a combatir, tienes que encontrar algo
que hacer."(66)
Los oficiales estadounidenses decidieron
que podían ayudar en el área de inteligencia. Según
el Coronel Roach, en 1990, Estados Unidos formó a un equipo que
incluía a representantes de la Misión Militar de la Embajada
de Estados Unidos, del Comando Sur de EE.UU., y de la CIA.(67)
Un Capitán de la Armada de EE.UU. dirigió el equipo de catorce
miembros, que hizo recomendaciones al Ministerio de Defensa de Colombia
sobre la reorganización de sus redes de inteligencia militar. Una
carta, del 17 de marzo de 1996, del Departamento de Defensa al Senador
Patrick J. Leahy (demócrata por Vermont) confirmaba la participación
de este Departamento, que se explica como un intento de hacer que las redes
de inteligencia militar colombianas sean "más eficaces y efectivas."(68)
En cualquier caso, estas recomendaciones
se ofrecieron a pesar de que algunos de los oficiales estadounidenses que
formaron el equipo conocían la antigua relación de las Fuerzas
Armadas de Colombia con los grupos paramilitares y con los abusos a los
derechos humanos. El Coronel Roach dijo: "No intentábamos que se
nos asociara con los paramilitares. Pero sabíamos por la prensa
colombiana e [incluso] por informes de las Fuerzas Armadas de Colombia
que seguían trabajando con paramilitares."(69)
En una entrevista con Human Rights
Watch, el ex Ministro de Defensa Rafael Pardo dijo que además de
las recomendaciones recibidas de Estados Unidos, el Ministerio de Defensa
solicitó las opiniones de las inteligencias militares británica
e israelí. Pardo, que ocupó el puesto tres meses después
de iniciada la reorganización, señaló que Colombia
prefirió el plan de Estados Unidos por ser él que más
coincidía con lo que las Fuerzas Armadas de Colombia quería.(70)
El resultado de este plan fue la
Orden 200-05/91, que el Ministerio de Defensa de Colombia emitió
en mayo de 1991. Human Rights Watch está haciendo pública
por primera vez la Orden 200-05/91. Sin embargo, al contrario de los objetivos
de la estrategia andina, la Orden 200-05/91 tiene poco o nada que ver con
combatir el narcotráfico. De hecho, la orden, con la marca de "reservado",
no menciona las drogas a lo largo de sus dieciséis páginas
y apéndices correspondientes. En su lugar, las Fuerzas Armadas de
Colombia, "con base a las recomendaciones que hizo la comisión de
asesores de las Fuerzas Militares de los EE.UU.," presentó un plan
para combatir mejor lo que ellos denominan "la escalada terrorista por
parte de la subversión armada."
Como se demuestra en la próxima
sección, dedicada a la red de inteligencia de la Armada creada en
Barrancabermeja, la Orden 200-05/91 sentó las bases para continuar
una asociación ilegal y encubierta entre militares y paramilitares
y demuestra que esta asociación fue promovida por el Estado Mayor
de las Fuerzas Armadas violando el Decreto 1194, que prohíbe dicho
contacto. Aunque en la orden no se utiliza el término "paramilitar",
el documento diseña un sistema basado en el que desarrollaron MAS
y sus jefes militares en el Magdalena Medio.
Pardo dijo a Human Rights Watch que
esta estructura no estaba concebida para incorporar a grupos ilegales o
llevar a cabo actividades ilegales. A pesar de esta salvedad, se convirtió
en el programa de eso precisamente: una red secreta que confiaba a los
paramilitares no sólo la inteligencia, sino también asesinatos.
La Orden 200-05/91, cuya autenticidad
reconoció Pardo, da instrucciones al Ejército, la Armada,
y la Fuerza Aérea para que establezcan redes de inteligencia que
suministren información de inteligencia y reciban órdenes
del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.(71)
Como se define en la Orden 200-05/91, la tarea de supervisar la reorganización
recayó en el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el segundo
puesto militar más alto de Colombia (el más alto es el de
Comandante de las Fuerzas Armadas). Una vez establecidas las nuevas redes,
serían coordinadas por el Departamento "D-2", la división
de inteligencia del ejército cuyo cuartel general tenía su
sede en Santafé de Bogotá. Todos los pagos por servicios
a las diferentes unidades serían desembolsados por el Estado Mayor.
Siguiendo las instrucciones de la
Orden 200-05/91, el ejército creó treinta redes divididas
equitativamente entre áreas rurales y urbanas. La Armada estableció
cuatro redes dentro y en los alrededores de los puertos marítimos
y fluviales más importantes. La Fuerza Aérea creó
siete redes. Cada red tenía no sólo que suministrar inteligencia
y cumplir las órdenes del Estado Mayor, sino también coordinarse
estrechamente con otras unidades militares en sus regiones. Cada red fue
equipada con personal y administrada por "un oficial en actividad con gran
conocimiento del área, del problema existente, facilidad de tomar
contacto con personalidades de la zona y para mantener una fachada." A
su vez este oficial recibiría asistencia de "un Oficial y/o Suboficial
retirado o en servicio activo y con medios tales como fachada, historia
ficticia, vehículo y un sistema de comunicaciones preestablecido;...
También puede ser un civil con preparación, influencia y
digno de confianza."
A las órdenes de este empleado
estaban los "agentes de control... civiles o Suboficiales desempleados
con cierta experiencia y categoría." A su vez, la Orden 200-05/91
disponía el contrato para cada red de hasta cincuenta "agentes de
inteligencia", quienes "deben ser en lo posible Suboficiales retirados,
entrenados para manejar informantes, procesar información." La orden
insistía en que se debía exigir a los informantes "guardar
el mayor grado de compartimentación frente a las personas con las
cuales conviven." La Orden 200-05/91 da instrucciones a los comandantes
de divisiones y brigadas para que seleccionen "la relación de candidatos,
sean civiles o militares en situación de retiro para integrar los
cuadros de la red," pero no menciona el Decreto 1194, ni excluye a los
paramilitares de las filas de las nuevas redes de inteligencia. Sin embargo,
la Orden 200-05/91 sí incluye un aviso urgente: la cadena de mando
al completo así como las propias redes deben mantenerse en secreto.
El estudio, selección, instrucción,
entrenamiento, ubicación y la organización de la red de inteligencia
tanto urbana como rural, se hará en forma cubierta y bajo responsabilidad
de los Comandantes de División y Brigadas o sus equivalentes en
las otras Fuerzas y de los Comandantes de la Red.
Todos los materiales escritos "se
retirarán una vez cumplido el proceso." "Se deben evitar" los contactos
o interacción con las instalaciones militares. "No deberán
existir o efectuarse contratos de trabajo por escrito con los informantes
ni con ningún miembro civil de la red. Todo deberá ser en
forma verbal... El manejo de las redes será cubierto y compartimentado
dando flexibilidad necesaria para el cubrimiento de los blancos de interés."
La
Red de Barrancabermeja
Una de las redes que se creó
como resultado de la reorganización tenía su sede en Barrancabermeja
y estaba dirigida por la Armada. Barrancabermeja, donde se encuentra la
mayor refinería de petróleo de Colombia y un puerto sobre
el Río Magdalena, tiene una importancia estratégica tanto
para el ejército colombiano como para el ELN. La inteligencia de
la Armada, en coordinación con MAS, había estado implicada
en asesinatos antes de 1991; como el asesinato del sindicalista Manuel
Gustavo Chacón, que un miembro de la Armada mató a tiros
el 15 de enero de 1988.(72) Pero la Orden
200-05/91 reavivó la asociación ilegal que databa de 1989.
En asociación con MAS, la red de inteligencia de la Armada creada
en Barrancabermeja asumió como su objetivo la eliminación
no sólo de cualquier sospechoso de apoyar a la guerrilla, sino también
de miembros de la oposición política, periodistas, sindicalistas,
y trabajadores de los derechos humanos, especialmente si estaban investigando
o criticando sus tácticas de terror.
En una entrevista con Human Rights
Watch, el ex agente de inteligencia Saulo Segura Palacios describió
la red y su funcionamiento dentro y en los alrededores de Barrancabermeja.
Segura, un ex suboficial de la armada, dijo que lo reclutó el Capitán
de la Armada Juan Carlos Alvarez Gutiérrez, en octubre de 1991.
El Teniente Coronel Rodrigo Quiñones Cárdenas, jefe de la
Inteligencia de la Armada, había puesto a Alvarez al mando de la
Red de Inteligencia de la Armada No. 7. Segura era propietario de una tienda
de ropa, y dijo que su cometido principal era dar cobertura a la red alquilando
oficinas, comprando muebles, y cobrando cheques.(73)
Alvarez encargó a Carlos David
López, un suboficial en activo de la Armada, los asuntos cotidianos
de la red. Por su parte, López dirigía a tres agentes de
control; entre ellos Ancizar Castaño Buitrago y el ex miembro de
la Armada Miguel Durán. Controlaban al menos a siete agentes de
inteligencia, como Milton Martínez Plata, y supervisaban a docenas
de informantes y sicarios, que recibían órdenes para seguir
y atacar a objetivos en toda la zona. En una carta de López a la
Fiscalía, confesó su participación y corroboró
la versión de Segura.(74)
Según Segura, Alvarez y Quiñones
identificaban los objetivos, que incluían a miembros y líderes
de la Unión Sindical Obrera (USO), del Sindicato de Choferes de
la empresa de transporte San Silvestre, del Comité Regional para
la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) y de la UP.(75)
Eran los mismos grupos que aparecían en una lista negra puesta en
circulación por el Comando "Ariel Otero", un grupo paramilitar,
en enero de 1992, en la que juraba que vengaría cada acción
guerrillera asesinando a alguien.(76)
Segura dijo que los miembros operativos
de la red y los sicarios también coordinaban sus actividades con
el Batallón de Infantería Nueva Granada, con sede en Barrancabermeja.(77)
Según otro testigo, el oficial en la reserva Felipe Gómez,
el comandante del Batallón Nueva Granada, el Coronel Hurtado, y
el Mayor Lee (sólo se conoce el apellido) identificaban objetivos
adicionales.(78) Según cuatro testigos,
que finalmente confesaron ante las autoridades, Quiñones era el
oficial encargado de evaluar la información de inteligencia y tomar
la decisión sobre cómo reaccionar.(79)
Carlos Vergara Amaya, un testigo que había sido sicario, dijo a
los fiscales:
Al Coronel Rodrigo Quiñonez
(sic) se le mantenía al tanto de los operativos... se corrige, se
le mantenía al tanto de todas las investigaciones y de acuerdo a
lo que se investigaba, él se comunicaba con el Capitán Juan
Carlos Alvarez, alias "El Ingeniero", dándole el visto bueno si
sirve o no sirve el operativo, o sea matar a la gente o no. Después
el Capitán Juan Carlos Alvarez se comunicaba directamente con Carlos
David López y Miguel Durán, el cual nos hacía a nosotros
del conocimiento de la respuesta o si no por teléfono se utilizaban
las siguientes claves : "Hay unos motores fundidos -- necesito que los
reparen, los tengo en tal sitio" y daban la dirección, "lleven buenos
mecánicos y buena herramienta," mecánicos significa sicarios,
buena herramienta significa buen armamento y motores significaban las víctimas.(80)
Siguiendo el modelo descrito en la
Orden 200-05/91, había pocas órdenes o contratos escritos;
la mayoría de las operaciones se pactaban verbalmente. Segura dijo
a los fiscales que, aunque los informantes sabían que estaban trabajando
para la Armada, no podían comprometer laboral o jurídicamente
al Ministerio de Defensa."(81)
Sin embargo, un empleado de la red,
Felipe Gómez, que decidió colaborar con las autoridades civiles
a cambio de una reducción de sentencia, dijo a la Fiscalía
que había firmado un contrato con el Ministerio de Defensa y con
las Fuerzas Armadas. Gómez, un oficial en la reserva y ex soldado,
dijo que una de sus tareas era ayudar a equipar, dirigir y promover a los
paramilitares en la región. Gómez dijo a las autoridades
que era responsable de organizar paramilitares en las ciudades de San Rafael
Chucurí, Las Montoyas, Campo Capote, Bocas del Carare, Puerto Gaitán,
y La Ganadera. Gómez dijo que recibió armamento y equipo
de la Armada, que incluían rifles de percusión, rifles M-16,
rifles Galil, revólveres, pistolas, metralletas, granadas de fragmentación,
textos de instrucción militar, y radios de dos vías de alta
frecuencia para comunicarse con la Armada y el Ejército. Gómez
dijo que otro empleado de la red, el sicario Alexander Trujillo, se jactaba
de tener un arsenal autorizado por la Armada; que incluía revólveres,
pistolas, granadas, rifles, ametralladoras, chalecos anti balas, y munición
abundante.(82)
La mayoría de estas armas
están expresamente prohibidas para el uso civil y están clasificadas
dentro del "uso privativo de las FFMM". Las armas consideradas de defensa,
como las pistolas del calibre 38 mm., deben tener la licencia adecuada
del Ministerio de Defensa. Sin embargo, los paramilitares utilizan habitualmente
tanto las armas prohibidas como las restringidas. Según la ley,
cuando estas armas se encuentran en manos de civiles, las fuerzas de seguridad
tienen la obligación de requisarlas, comprobar si tienen la licencia
adecuada, y detener a los civiles para que sean investigados y procesados
judicialmente si las armas son ilegales. Sin embargo, en el caso de la
Red de Inteligencia de la Armada 07, la ley fue claramente burlada.(83)
Los paramilitares fueron con Gómez
a áreas de asentamiento para pedir colaboración, e informaron
a los residentes de que eran un grupo legal apoyado por el gobierno. Gómez
dijo que el Capitán Alvarez le dio órdenes especiales de
que convenciera a los ganaderos locales para que dejaran de pagar "el impuesto
de guerra" a la guerrilla, y que en su lugar pagaran a cada paramilitar
un sueldo mensual, un propuesta que, según él, fue aceptada.
Otros pagos provenían directamente del Batallón Nueva Granada,
en el que los paramilitares tenían derecho a suministros, como artículos
de aseo.(84)
Al parecer, Gómez pagó
un alto precio por su participación. Dijo a las autoridades que
atacantes desconocidos habían disparado contra su mujer cuatro veces.
Dos de sus hermanos fueron asesinados, y Gómez solicitó la
protección del Fiscal de la Nación a cambio de su confesión.(85)
A pesar de varias indagaciones, Human Rights Watch no ha podido determinar
el paradero de Gómez, López o Vergara, tres de los testigos
que declararon sobre la red de la Inteligencia de la Armada en Barrancabermeja.
Durante 1991 y 1992, los paramilitares
también patrullaron, junto a soldados del Batallón Luciano
D'Elhuyar, en la región vecina del Chucurí, deteniendo y
asesinando a sospechosos y amenazando a los que acusaban de albergar simpatías
por la guerrilla. Los granjeros que se resistían a unirse a las
patrullas corrían el riesgo de ser considerados partidarios de la
guerrilla. Las familias pagaron a los paramilitares un "impuesto de guerra,"
un dinero que con frecuencia regreso a manos del ejército a cambio
de armas.(86)
En 1992, Blanca Cecilia Valero, una
miembro de CREDHOS, y la secretaría de Jorge Gómez Lizarazo
(sin relación con Felipe), su presidente, fue una de las primeras
víctimas de la red. El 28 de enero, Jorge Gómez escribió
un artículo de opinión en el New York Times titulado
"Colombian Blood, U.S. Guns" (Sangre colombiana, armas estadounidenses).
En este artículo, que circuló extensamente en Colombia, Gómez
escribió, "La violencia va a continuar hasta que se entienda totalmente
y se enfrente la complicidad entre el Ejército y la Policía."(87)
Al día siguiente, Valero fue asesinada a tiros delante de la oficina
de CREDHOS.(88) Dos policías presenciaron
el asesinato desde el otro lado de la calle y no hicieron ningún
intento de perseguir a los atacantes, que portaban armas automáticas
y conducían una motocicleta.(89)
Desde entonces, Gómez ha tenido que dejar de permanecer en Colombia.
Durante los cinco meses siguientes,
decenas de personas más fueron asesinadas en la región, como
el vicepresidente y tesorero del Sindicato de Choferes de la empresa de
transporte San Silvestre, miembros de la USO, y campesinos locales.(90)
En su confesión, López relacionó a la red con veintiséis
asesinatos y cuatro masacres, con veinte víctimas más, ocurridos
durante ese periodo.(91)
La racha de asesinatos llamó
la atención de Ismael Jaimes, editor y propietario de La Opinión,
un periódico local. Jaimes se convirtió en un objetivo a
causa de su trabajo. Carlos David López diría más
tarde a las autoridades que Jaimes era un objetivo porque "publicaba en
su periódico columnas acusando siempre a las fuerzas de seguridad
y de inteligencia del estado." López dijo a los fiscales que, el
6 de mayo, un sicario de la Armada asesinó a Jaimes cuando, como
cada día, dejaba a uno de sus hijos en la escuela.(92)
Los objetivos no eran sólo
los que informaban sobre la asociación militar-paramilitares. También
se amenazaba a las autoridades civiles que intentaban investigar o arrestar
a presuntos paramilitares. El 29 de marzo, un equipo combinado del DAS,
la policía, y las autoridades judiciales se desplazó en helicóptero
al vecino El Carmen de Chucurí para arrestar a veinticinco presuntos
paramilitares. En lugar de colaborar con la comisión oficial, los
oficiales militares instaron a los residentes locales a que impidieran
los arrestos. Finalmente, sólo se puso bajo custodia a un sospechoso.(93)
Los asesinatos continuaron en Barrancabermeja.
López dijo que, el 28 de junio, un sicario de la armada asesinó
a Julio César Berrío, un miembro de CREDHOS, cuando salía
de una heladería. Un mes más tarde, miembros operativos de
la Armada mataron a tiros a otra miembro de CREDHOS cuando se instalaba
en el Restaurante La Shanon, junto al presidente del Sindicato de Choferes
de la empresa de transporte San Silvestre y un miembro de la Asociación
Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Todos ellos fueron asesinados.(94)
Según Segura, un grupo de
sicarios dirigidos por José Alirio Ulloa también participó
en los operativos de la red. Dijo a los fiscales que Ulloa hizo trabajos
tanto para la Armada como para el Ejército. Entre los sicarios se
encontraban también Gerardo Alvarez, Diego López, y los cuatro
hermanos Castaño, Luis, Rafael, Eliecer, y Hugo.(95)
Sus nombres aparecían como informantes en la nómina de la
Armada. López dijo a las autoridades:
Este grupo era pagado en un principio
de la siguiente manera, se sobrevaloraba el pago de información,
es decir, si había una buena información legal, por ejemplo
ubicación de un grupo de subversivos en el área de Barranca,
se facturaban 700.000 pesos, pero realmente se le pagaba al informante
100.000 pesos, los otros 600.000 pesos los utilizaban para cancelar a un
grupo de sicarios.(96)
Según Segura, "Le pagaban
a un grupo de sicarios para cometer sus hechos, y esta gente para justificar
eso como gastos reservados de la controloría lo pasaban como agentes
informantes."(97)
Mientras que la red de inteligencia
de la Armada tenía como objetivo presuntos enemigos, las unidades
de inteligencia del Ejército, en connivencia con MAS, estaban amenazando
a los residentes de un albergue creado para las familias forzadas a huir
a causa de la violencia en las áreas rurales. Esta conexión
siniestra se puso de manifiesto el 16 de mayo de 1992, cuando Elvia María
Córdoba, que se había hecho pasar por una persona desplazada,
confesó ante los organizadores del Albergue Campesino que MAS le
había encargado que reuniese información sobre los residentes
en el albergue. Varios meses antes, miembros de MAS entraron por la fuerza
en el albergue y amenazaron a punta de arma a las familias residentes.
Según Córdoba, MAS había coordinado la acción
con la Décimocuarta Brigada, que les proporcionó un vehículo
para desplazarse desde Puerto Berrío, donde está la Brigada,
hasta el albergue. Dos días después de su salida del albergue,
el cadáver de Córdoba fue encontrado en un basurero en las
afueras de la ciudad. Como resultado de su confesión, se cerró
temporalmente el albergue para salvaguardar la seguridad de sus empleados
y huéspedes.(98)
Human Rights Watch también
reunió pruebas que demuestran que las fuerzas armadas operan en
otras áreas de manera muy similar a como lo hacían en Barrancabermeja.
"Lucas," un agente de control al que entrevistamos en el departamento de
Putumayo en 1992, nos dijo que el ejército lo había contratado
para reunir información, proteger instalaciones estratégicas,
y hacer los trabajos ilícitos que le ordenaban. "Lucas," un ex soldado
profesional, se consideraba a sí mismo un especialista en inteligencia
y portaba un revólver del ejército del calibre 3,8 mm.. Los
residentes locales añadieron que "Lucas" también trabajaba
con la rama local de MAS, llamada Los Masetos.(99)
Lucas dijo que uno de los "trabajos ilegales" que el comandante militar
local le había encargado era asesinar a Adalberto Narváez,
un médico local y candidato a la alcaldía:
El Mayor Jairo Solano me lo dijo
a mí y a otro tipo, Juan [un agente de control]. Preguntó
si conocíamos a Don Adalberto, el médico. El Mayor Solano
dijo, "Este tipo le entrega medicinas a la guerrilla. Los cura. Les está
ayudando. Hay que matarlo."(100)
En Putumayo, la comunicación
entre la policía, el ejército, y los Masetos era constante
y fluida. La alianza también era pública. Los residentes
locales nos dijeron que hasta la policía se refería a Los
Masetos como "la ley" y describieron a los miembros de MAS como "empleados
del cuartel general de MAS en Puerto Boyacá." Como en Barrancabermeja,
donde los sicarios de la Armada también participaron en robos, la
red clandestina del Ejército no sólo garantizó a los
paramilitares que pudieran portar armas ilegales sin temer el arresto,
sino que también pudieran amenazar, intimidar, aterrorizar, y hasta
asesinar a civiles para sus propios fines.(101)
Al parecer, en lugar de perseguir
activamente y arrestar a los sicarios de la Armada, la Policía de
Barrancabermeja ha tenido un papel clave al encubrir sus crímenes
y garantizar que los miembros operativos pudieran llevar a cabo sus cometidos
libremente. Un incidente ocurrido en Barrancabermeja ilustra claramente
cómo se produjo la cooperación de las fuerzas de seguridad.
El 13 de mayo de 1992, los sicarios José Ulloa y Diego Castaño
asesinaron a dos hombres, al parecer siguiendo órdenes del Batallón
Nueva Granada. Se emitió una orden de arresto contra ellos, y los
dos sospechosos junto con otros dos sicarios de la Armada fueron arrestados
en un control de carreteras instalado por la Décimocuarta Brigada.
Posteriormente, el General de Brigada Marino Gutiérrez Isaza, comandante
de la Décimocuarta Brigada, incluyó la declaración
de José Ulloa en su informe:
dijo que tenía que matar a
dos personas, siguiendo las órdenes de una unidad del Batallón
Nueva Granada para el cual trabajaba, y mostró un carné de
oficial que lo identificaba como empleado de la S-2 [sección de
inteligencia] de su Unidad Táctica. También dijo que si hubiera
sabido que las tropas iban a detenerlo, habrían disparado, porque
preferían caer en combate.(102)
El 1 de junio, cuatro hombres fueron
entregados a la policía y a las autoridades de inteligencia. Pero
en lugar de acusarles de los asesinatos del 13 de mayo, los cuatro desparecieron.(103)
Puede que fueran ejecutados para prevenir que contaran más cosas.(104)
En lugar de reducir la violencia,
la red de inteligencia de la Armada parece haberla aumentado drásticamente.
A finales de 1992, el índice de asesinatos en Barrancabermeja había
aumentado un 49 por ciento con relación a las cifras de 1990, un
año antes de la reorganización.(105)
Desde 1993, ex miembros de la red
de inteligencia de la Armada, incluido Segura, empezaron a testificar contra
sus superiores. Según Segura, lo hizo porque sus superiores querían
asesinarlo. El hecho de que se indagara cada vez más convenció
a Quiñones para que despidiera a algunos de sus agentes y trasladara
a Cartagena al comandante de la red, el Capitán Alvarez. También
trasladó a Segura a Bahía Solano, en el departamento del
Chocó, donde estaba operando otra red de inteligencia de la Armada.
Segura dijo a las autoridades que estando allá se negó a
cumplir las órdenes de Quiñones de asesinar a cuatro hombres
que trabajaban en una cooperativa de pesca local.(106)
"Yo le respondí que en mis
investigaciones había logrado establecer que los que me mandaban
a 'tumbar' no eran guerrilleros, ni colaboradores de los mismos, ni narcotraficantes,
ni traficantes de armas; al contrario eran personas muy queridas en la
región porque son de los pocos que están proporcionado trabajo
en la zona." Al parecer, a causa de esta declaración, Segura paso
de ser ejecutor a convertirse en objetivo.(107)
Unos meses después, Segura
recibió dos disparos pero sobrevivió. Las conversaciones
entre sicarios, grabadas subrepticiamente y filtradas a la prensa, sugieren
claramente que Quiñones ordenó que Segura fuera "desvinculado
de la empresa," un código para asesinarlo.(108)
Carlos Vergara, un miembro de la banda de sicarios de Ulloa, confesó
a las autoridades que se habían prometido 45.000.000 pesos por cabeza,
unos 40.000 dólares, a los que asesinaran a los cuatro que habían
aceptado testificar.(109)
En febrero de 1994, Segura y López
huyeron a Panamá.(110) Segura dijo
que estando allí fueron contactados por las autoridades colombianas
que les dijeron que se retractaran de su declaración, con la promesa
de que estarían en prisión dos meses, y después serían
absueltos y puestos en libertad.(111)
Ambos se retractaron de sus declaraciones y fueron devueltos a Colombia.(112)
Sin embargo, cuando Human Rights Watch entrevistó a Segura, llevaba
en prisión dieciséis meses y había confirmado totalmente
sus declaración original.
Partiendo sobre todo de los testimonios
de Segura y López, junto con los de Vergara y Gómez (que
nunca contradijeron sus declaraciones originales), una investigación
de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Procuraduría ha
vinculado la red con cincuenta y siete asesinatos dentro y en los alrededores
de Barrancabermeja.(113) El caso se trasladó
entonces al Procurador Delegado para los Derechos Humanos, que trató
el asunto como un único delito y concluyó que los oficiales
conspiraron "para formar o colaborar con grupos armados, tipificado y prohíbido
por el Decreto 1194."(114)
Desde la cárcel, Segura dijo
a los investigadores del gobierno y a Human Rights Watch que pensaba que
iban a asesinarlo. El 24 de diciembre de 1995, dentro del pabellón
de máxima seguridad de la Prisión Modelo, Segura fue matado
a tiros. Su asesinato sigue sin resolverse.
A pesar de las graves sospechas que
pesaban sobre el Teniente Coronel Quiñones y otros siete soldados
implicados, el 15 de diciembre de 1994, un tribunal militar decidió
que debían permanecer en libertad hasta el juicio. En su decisión,
Alfonso Ospina Bonilla, juez del Tribunal Superior Militar, utilizó
el sistema de encubrimiento y compartimentación, establecido en
la Orden 200-05/91, para no implicar a Quiñones, y absolverle de
toda responsabilidad. Haciendo increíblemente caso omiso de las
pruebas que se le presentaron, Ospina escribió que ya que ni Segura,
ni Vergara, ni ningún otro agente de la red había informado
sobre contactos directos con Quiñones, "el hecho de que estos últimos
individuos en algunos casos... cometan desafueros u otros ilícitos,
no hay porque llegar a imputárselos a los superiores."(115)
Posteriormente, Quiñones fue absuelto por un tribunal militar y
sigue en servicio activo.(116)
Los informes sobre la asociación
militar-paramilitares en la región continúan. Cerca de Sabana
de Torres, a una hora de Barrancabermeja, los residentes locales entregaron
a las autoridades locales la basura que recogieron de un campamento ocupado
por las Autodefensas Campesinas de Colombia (ACC) en marzo de 1995. Entre
los desechos habían envoltorios de paquetes de raciones del ejército.(117)
Al parecer, una vez que las aldeas o individuos han sido identificados
como simpatizantes de la guerrilla, el ejército y los paramilitares
trabajan conjuntamente para sembrar el terror y forzar a la gente a escapar
o enfrentarse a la muerte. Por ejemplo, en Sabana de Torres, los residentes
locales informaron que los soldados les dijeron que los paramilitares seguían
sus pasos y que matarían a cualquiera que colaborara con la guerrilla.
Los paramilitares de la región tienen nombres como "Los Motosierras",
" Sombra Negra", y las ACC, que ha adoptado un uniforme con brazaletes
rojos. Un testigo entrevistado por Human Rights Watch contó como
se hizo realidad la amenaza de los soldados: "Las ACC vinieron unos quince
días más tarde preguntando por los guerrilleros. Fue entonces
cuando salí, porque quedarme significaba seguro que me matarían."(118)
65. Chuck Call, Clear and Present Danger: The U.S. Military and the War
on Drugs in the Andes (Washington, D.C.: Washington Office on Latin America (WOLA), octubre de 1991), pág. 1.
66.
Entrevista telefónica de Human Rights Watch, 16 de marzo de 1996.
(Traducción de HRW).
68.
Carta del Secretario de Defensa en funciones, Frederick Smith, al Senador
Patrick J. Leahy, 11 de marzo de 1996. (Traducción de HRW).
69.
Entrevista telefónica de Human Rights Watch, 16 de marzo de 1996.
(Traducción de HRW).
70.
Entrevista de Human Rights Watch en Washington, D.C., 8 de febrero de 1996.
71.
Entrevista de Human Rights Watch en Washington, D.C., 8 de febrero de 1996.
72.
El ex miembro de la Armada Pablo Francisco Pérez Cabrera recibió
una sentencia de dieciséis años de cárcel por el asesinato.
Sin embargo, no se investigó a otros oficiales por este crimen.
Posteriormente, desaparecieron otros testigos que al parecer querían
testificar. "USO pide garantías para testigos contra la Armada,"
El Espectador, 6 de enero de 1994.
73.
Entrevista de Human Rights Watch en la Prisión Modelo, Santafé
de Bogotá, 18 de septiembre de 1995.
74.
Carta de Carlos David López al Fiscal de la Nación, 7 de
diciembre de 1993.
75.
Carta de Saulo Segura Palacios al Fiscal de la Nación, 7 de diciembre
de 1993.
76.
CREDHOS, "Informe violencia en el Magdalena Medio, 1991-1992."
77.
Carta de Saulo Segura Palacios al Fiscal de la Nación, 7 de diciembre
de 1993.
78.
Carta de Felipe Gómez al Fiscal de la Nación, 29 de noviembre
de 1994. Según los grupos locales de derechos humanos, el Mayor
Walter Javier Hurtado, al parecer el mismo asignado al Batallón
Nueva Granada, se había creado una reputación de ser especialmente
agresivo. En 1993, cuando un funcionario del gobierno y miembro de CREDHOS
trató de localizar en la base a un detenido, el Mayor Hurtado lo
atacó físicamente, acusándolo de estar "trabajando
para los bandidos [guerrilleros]." En lugar de reprender a su subalterno,
el comandante de la base, el Teniente Coronel Luis García Chávez,
también insultó a los trabajadores de derechos humanos, llamándoles
"defensores de la guerrilla." CREDHOS S.O.S., julio de 1993.
79.
El Teniente Coronel Quiñones ha negado estas acusaciones. Carta
del Teniente Coronel Quiñones Cárdenas, el Mayor Jairo Osorio
Morales, y el Mayor Rafael Colón Torres a Orlando Vásquez
Velásquez, Procurador, 28 de octubre de 1994.
80.
Testimonio de Carlos Alberto Vergara Amaya ante la Fiscalía, 11
de febrero de 1994.
81.
Carta de Saulo Segura Palacios al Fiscal de la Nación, 7 de diciembre
de 1993.
82.
Carta de Felipe Gómez a la Fiscalía, 29 de noviembre de 1994.
83.
Tras la prohibición de armar a paramilitares de 1989, el Decreto
2535, puesto en vigor el 17 de diciembre de 1993, añadió
mayores detalles a las restricciones al armamento en Colombia; que ya eran
estrictas. El Decreto 2535 mencionaba las armas específicas restringidas
exclusivamente para el uso militar: como pistolas de un calibre superior
a 3,5 mm., rifles semiautomáticos por encima del calibre 2,2 mm.,
todas las armas automáticas, las armas que tras su fabricación
se habían modificado para aumentar su poder, y accesorios como silenciadores
y lentes infrarrojos. Andrés Soto, Paulina Zuleta, y Paula Peña,
Las armas de fuego ligeras en Colombia: alcances, diversidad y control
(Santafé de Bogotá: Centro de Estudios Internacionales, enero-marzo,
1994), págs 18-20.
84.
Carta de Felipe Gómez a la Fiscalía, 29 de noviembre de 1994;
y su testimonio ante el Fiscal de la Nación, 8 de febrero de 1995.
86.
Para un resumen de la colaboración militar-paramilitares en la región
ver, Justicia y Paz, El proyecto paramilitar en la región del
Chucurí (Santafé de Bogotá: Justicia y Paz, agosto
de 1992).
87.
Jorge Gómez Lizarazo, "Colombian Blood, U.S. Guns" (Sangre colombiana,
armas estadounidenses), New York Times, 28 de enero de 1992. (Traducción
de HRW).
88.
El año anterior, los miembros de CREDHOS Álvaro Bustos Castro
y Humberto Hernández fueron asesinados en circunstancias que sugieren
la participación de las fuerzas de seguridad. CREDHOS, "Informe
violencia en el Magdalena Medio, 1991-1992."
89.
"Los derechos humanos en el Magdalena Medio de Colombia," Reporte de
Derechos Humanos, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos,
Vol. 1, No. 3, abril de 1992.
91.
Carta de Carlos David López al Fiscal de la Nación, 7 de
diciembre de 1993.
93.
Entrevista de Human Rights Watch con "Enrique," un miembro del equipo,
Santafé de Bogotá, 13 de junio de 1992.
94.
Carta de Carlos David López al Fiscal de la Nación, 7 de
diciembre de 1993.
95.
Según Segura, Gerardo Alvarez y los hermanos Castaño se encontraban
entre los perpetradores de la masacre de La Rochela, en enero de 1989.
Segura dijo a Human Rights Watch que los hermanos Castaño habían
sido antes paramilitares, y que se jactaban de haber recibido entrenamiento
de instructores extranjeros. Entrevista de Human Rights Watch en la Prisión
Modelo, Santafé de Bogotá, 18 de septiembre de 1995.
96.
Carta de Carlos David López al Fiscal de la Nación, 7 de
diciembre de 1993.
97.
Entrevista de Human Rights Watch en la Prisión Modelo, Santafé
de Bogotá, 18 de septiembre de 1995.
98.
Entrevista de Human Rights Watch en Barrancabermeja, 6 de junio de 1992.
99.
Entrevistas de Human Rights Watch en Orito, Putumayo, junio de 1992.
100.
El asesinato nunca se llevó a cabo, y Narváez ganó
las elecciones y descubrió el complot después de tomar posesión.
"Lucas" fue asesinado posteriormente en circunstancias que siguen sin aclararse.
101.
Entrevistas de Human Rights Watch en Putumayo, junio de 1992.
102.
Esta cita está basada en las notas que Human Rights Watch tomó
de una copia del informe que nos mostró el General Gutiérrez,
titulado Informe No. 3728BR14-B2-263, "Asunto: Informe desaparición
personas," dirigido al comandante de la Segunda División, con fecha
del 2 de junio de 1992.
104.
Según López, la esposa de Ulloa presentó una demanda
civil acusando al estado de la muerte de su esposo a manos del ejército.
Carta de Carlos David López al Fiscal de la Nación, 7 de
diciembre de 1993.
105.
CREDHOS, "Informe violencia en el Magdalena Medio, 1991-1992."
106.
Carta de Saulo Segura Palacios al Fiscal de la Nación, 7 de diciembre
de 1993.
108.
"Los casetes de la red," La Prensa, 5 de enero de 1994.
109.
Testimonio de Carlos Alberto Vergara ante la Fiscalía, 11 de febrero
de 1994.
110.
"Salen del país ex militares de la Armada," El Tiempo, 15
de febrero de 1994.
111.
Entrevista de Human Rights Watch en la Prisión Modelo, Santafé
de Bogotá, 18 de septiembre de 1995.
112.
Declaraciones de Saulo Segura, 1 de julio de 1994, y de Carlos David López,
4 de julio de 1994, ante el Consul en Panamá, Jaime Santos Rodríguez.
113.
"Inteligencia de la Armada habría permitido asesinatos," El Tiempo,
4 de agosto de 1994.
114.
Entrevista de Human Rights Watch, 11 de julio de 1996.
115.
Decisión de Alfonso Espina Bonilla, Tribunal Superior Militar, 15
de diciembre de 1994.
116.
Entrevista de Human Rights Watch con la Fiscalía, Santafé
de Bogotá, 9 de julio 1996.
117. Entrevistas de Human Rights Watch en Sabana de Torres, 9 de abril de 1995.
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